La educación no es materia de juego

EDITORIAL DE El Nuevo Dia

Para que sea efectivo el reencauzamiento integral de la enseñanza en Puerto Rico, el proceso de nombramiento de una nueva secretaria, la creación de una estructura administrativa en Educación y las designaciones a la Junta Consultiva deben llevarse a cabo en forma ponderada y libres del pernicioso síndrome del “fast track”.

En primer lugar, emprender acciones atropelladas, sin discusión amplia en cualquiera de estas etapas, en el camino de rescatar de un estado desastroso a la más compleja agencia pública, es condenar a la educación pública a periodos de incumplimientos e inefectividad más prolongados. Anunciar que la designada Odette Piñeiro Caballero, contratista del Senado y del Gobierno, será confirmada por la vía rápida, y punto, deja la sensación en el País de que cualquier discusión que se produzca sobre las no muy conocidas credenciales de la nominada será algo académico, cuando ya todo está “planchado”. Y eso, ante la opinión pública, le resta seriedad y credibilidad a lo que suceda con una secretaria que originalmente encabezó una lista de candidatos en la Cámara Alta. Esto no puede ser un mero trámite superficial. En segundo lugar, en una instrumentalidad pública que necesita con urgencia superar el caos, es importante dotarla de los mecanismos que conjuguen la descentralización y la colaboración de manera que sus procesos administrativos sean efectivos. Pero tiene el Gobierno tiene que evitar que los pasos que se den en este sentido representen un recorte de las prerrogativas y la capacidad de acción que la ley le reconoce al Secretario de Educación.  Sea quien sea que ocupe el puesto, no puede ser reducido, o reducida, a una figura decorativa. Sería una muestra de responsabilidad por parte de La Fortaleza que preste oídos al alerta que sobre este tema han lanzado algunos expertos. En tercer lugar, se proyecta incompatible con la rehabilitación académica del sistema educativo del País la decisión, en la que se reitera el Primer Ejecutivo, de colocar como cabeza de la Junta Consultiva de Educación al ex secretario Carlos Chardón. Sea como copresidente o como miembro a otro nivel, ello sería sinónimo “atornillar” el fracaso desde un principio en un organismo tan importante, llamado a trazar las políticas educativas, una de las materias en las que precisamente el ex secretario se colgó. Por todo esto, es imprescindible que, independientemente de la urgencia, los procedimientos progresen con ponderación, que no haya ni apariencia de favoritismos encubiertos con la prisa y que en nada se obvien, para que no se violen, los preceptos de la Ley Orgánica del Departamento de Educación. No es momento de manejar en forma desarticulada, unos sin relación con otros, tres procesos que no pueden chocar sino que han de complementarse, en los cuales le va la estabilidad y el futuro de la agencia más grande, con un presupuesto de más de $4,000 millones, con un historial significativo de ineficiencia y politización y que ha terminado en una sindicatura “estatal” ante la amenaza de una severa intervención federal. Por eso, insistimos en que la confirmación de la nominada secretaria de Educación tiene que ser precedida de una demostración convincente de que es la persona idónea, de unas vistas senatoriales reales, no de una pantomima. E insistimos, también, en que la Junta Consultiva, que conceptualmente respaldamos, no debe emprender sus funciones con un lastre de credibilidad.

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