Segunda estocada federal

Por José Delgado

El Nuevo Día – WASHINGTON – En un segundo informe reciente, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación federal describió  como un sistema de “alto riesgo” el programa de contratos de servicios del Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico.

El memorando de la OIG, que es independiente a la dirección de Educación federal, cuestiona la documentación que se tenía en torno al desembolso de cientos de millones de dólares entre agosto de 2005 y junio de 2009.

Y  le ordena a la Oficina de Servicios de Alto Riesgo de Educación federal, la misma que supervisa directamente la administración que hace Puerto Rico de los fondos federales, obligar al DE a reconciliar una incongruencia de por lo menos $15 millones entre los  contratos reportados a Educación federal y los pagos que aparecen en los documentos en papel del DE.

“De acuerdo a nuestra revisión, consideramos que el programa de servicios de contratos de personal es un mecanismo contractual de alto riesgo”, indica el memorando enviado el   24 de enero al secretario del DE, Jesús Rivera.

 

Aunque el informe se centra en el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, incluye  también el primer semestre de la administración de Luis Fortuño, a la cual la OIG le dio en diciembre otro halón de  orejas por la falta de controles adecuados en el manejo de sobre $1,140 millones de fondos ARRA.

En este informe se alude principalmente a los contratos de jornada parcial e irregular, que han reflejado  altas deficiencias administrativas.

Según el informe de la inspectora regional, Denise Wempe, a la OIG no le entregó documentación confiable sobre el pago entre 2006 y 2008 de $161.5 millones en contratos.

El secretario Rivera Sánchez sostuvo que en el DE “hemos establecido controles externos para mejorar” el proceso de otorgamiento de contratos y resaltó el hecho de que las fallas se centran en la pasada administración.

 

“Por los problemas de los servicios de recursos humanos se han colado fondos importantes del DE”, reconoció, por su parte, el ex secretario de Educación, Rafael Aragunde, al señalar que en su época refirió a  Justicia casos de “malversación de fondos” relacionados al programa de contratos de servicios y promovió  la mecanización del sistema. Hasta el verano de 2008, todo el trámite referente a los contratos parciales e irregulares se realizaba en papel.

En este informe, la OIG   le ordena a  Educación federal tomar medidas para recuperar -si fuera necesario- no sólo los $15 millones, sino cualquier otro desembolso para el que  no se presenten documentos confiables.

De $459,609 en contratos examinados formalmente, la OIG no encontró evidencia para documentar el pago de $147,652.

 También se hicieron pagos ascendentes a $9,109 sin que existiera un contrato aprobado; se pagaron $3,650 en exceso; y $4,503 a causa de un salario erróneo.

El informe resalta como se llegó a otorgar contratos temporales a empleados regulares en su período de vacaciones.

A su vez, cuestiona cómo se contrataba con una escala salarial a algunos empleados y sin autorización, con sólo una tachadura de papel, se les aumentaba tranquilamente el sueldo.

Exigencias de la OIG

Ordena reconciliar cuentas incongruentes de $15 millones en el programa de contratos de servicios.

Proveer documentación confiable sobre pagos hechos o devolver fondos.

Devolver a Educación federal los costos de servicios provistos antes de firmarse un contrato.

 

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